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Contraloría abre nuevos Procesos contra el “Cartel de la Hemofilia” de la en Caquetá



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Al mejor estilo del denominado “Cartel de la Hemofilia”, la Contraloría General de la República evidenció irregularidades en pagos relacionados con las enfermedades de hemofilia y de Von Willebrand, pero que se originaron en los departamentos de Caquetá y Bolívar, dando origen a Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $27 mil millones de pesos.

La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el departamento de Caquetá, auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas SUIPHAR DE COLOMBIA S.A., y con DISTRIMEDICAL’S S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand.

Los contratos se suscribieron por la suma total de $7 mil 433 millones de pesos, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS, tal y como lo pudieron certificar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Sur Colombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes.

Además, el equipo de la Gerencia Departamental de la CGR en Caquetá, pudo establecer que los contratistas de la Gobernación hicieron entrega de medicamentos que no cumplían las especificaciones técnicas de aquellos contratados. Es decir, se hizo entrega de otros medicamentos distintos a los pagados.

En efecto, la Secretaría de Salud Departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos, y que de conformidad con las especificaciones relacionadas en el registro sanitario del producto, se trataba de medicamentos incluidos dentro del POS, por lo que se terminó pagando y suministrando directamente por la Gobernación, medicamentos que se encontraban en el POS, y por lo tanto se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado.

Todo lo anterior ocasionó detrimento al patrimonio en cuantía de más de $7 mil 433 millones de pesos, que afectó los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

La Gerencia de la Contraloría en el Caquetá ha llamado a responder por los recursos perdidos, además del entonces Gobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial, al Secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

A pesar del volumen y la cuantía de la contratación, las IPS sólo pudieron certificar la supuesta atención de un sólo paciente, por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, al que le habrían formulado durante el año 2014, 270 ampollas del medicamento, por un valor total de $371.250.000.

Además de lo anterior, la mencionada contratación para el suministro de este medicamento se habría realizado sin el cumplimiento de requisitos legales, toda vez que fue adjudicada por la Gobernación a 2 contratistas de manera directa, argumentando que no existía pluralidad de oferentes por ser ellos los únicos proveedores, cuando el equipo de la Contraloría General en el Caquetá pudo claramente establecer que sí existían en la región diferentes importadores y distribuidores del producto adquirido en el país.